|
Fallo judicial no considera delito
la alteración de una página Web
BUENOS AIRES.- Un juez argentino determinó que no
es delito borrar o alterar el contenido de una
página de Internet al considerar que sólo las
personas, los animales y las cosas
están protegidos por el Código Penal.
El juez federal Sergio Torres llegó a esta
conclusión al juzgar un caso de sabotaje de
la página de Internet de la Corte Suprema de
Justicia, que fue denunciado en 1998 por los
auditores del tribunal y por el cual un grupo de
hackers o piratas informáticos fueron absueltos.
El magistrado estableció en su fallo de marzo
pasado que las páginas web no son ni personas, ni
animales, ni cosas, sino simplemente elementos
inmateriales, no protegidos por las leyes penales,
destacó el diario La Nación al hacerse eco del
hecho.
Este es el primer caso de penetración y
alteración de un sitio en internet que llega a la
justicia federal argentina. Ocurrió en enero de
1998, fue investigado por la División de Informática
Criminal de la Policía y tuvo como principal
imputado al argentino Julio López, quien encabezaba
el grupo X-Team.
Una página web no puede asimilarse al
significado de cosa. Ello es así en tanto y en
cuanto por su naturaleza no es un objeto corpóreo ni
puede ser detectado materialmente, dijo el juez
Torres, quien consideró que hay un vacío legal
en Argentina en este campo.
Pero el abogado Antonio Millé, de la empresa
Microsoft, criticó la resolución del juez al
sostener que se atentó contra un bien material o
cosa, que es la memoria en donde está grabado el
archivo HTML, que cuando es ejecutado produce el
despliegue del sitio o página web.
Los hackers alteraron los estados de
tensión correspondientes a las celdas que soportan
ese archivo, cambiando la combinación de unos y
ceros que la conforman, añadió.
Los piratas informáticos se introdujeron el 25 de
enero de 1998, cuando se cumplían tres años del
aniversario del asesinato del fotógrafo de prensa
José Luis Cabezas, en la página del más alto
tribunal argentino mediante una proclama que exigía
el esclarecimiento del crimen.
Además el caso también disparó una competencia
aún no resuelta entre la Policía Federal,
Gendarmería (policía de fronteras) y Secretaría de
Inteligencia del Estado para liderar las
investigaciones de delitos informáticos, dice La
Nación.
|
